LOS COLOMBIANOS CONVIVIMOS CON LA INSEGURIDAD

Los colombianos convivimos con la inseguridad. A pesar de los avances en materia de seguridad que reflejan las cifras oficiales la percepción de que vivimos en un país inseguro se mantiene. Para el año 2016, Colombia cerró en una tasa de 24.4 homicidios por cada cien mil habitantes, siendo la cifra más baja en 32 años. No obstante, este índice supera el promedio de América Latina, que está alrededor de 21 homicidios por cada cien mil habitantes. Cerca de 33 colombianos mueren asesinados diariamente, siendo el Valle del Cauca el departamento con la tasa de homicidios más alta durante el año 2016 con 52,44 homicidios por cada cien mil habitantes (Antioquia 24,65 y Bogotá 16,32).

Lo que indican las encuestas es que la seguridad continúa siendo una de las principales preocupaciones de los colombianos. Una sociedad que avanza hacia el desarrollo no puede vivir en tales condiciones; por tanto se requiere de una respuesta más efectiva por parte del Estado.

Vivir con miedo y desconfianza es uno de los factores que más afectan el bienestar y la calidad de vida de los ciudadanos.

Reconociendo que la inseguridad es un fenómeno de gran complejidad que tiene múltiples causas y expresiones, considero que una respuesta del Estado frente al tema de la seguridad debe concentrarse en al menos cinco grandes ejes: presupuesto de seguridad, policía y participación ciudadana, política criminal y sistema judicial, sistema carcelario y violencia de género.

Una Política de Estado para el presupuesto de seguridad

Para empezar, es necesario recordar que toda política de seguridad tiene como condición necesaria para su éxito la destinación de unos recursos económicos que permitan a la fuerza pública, contar con las herramientas necesarias para garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. Por tal motivo, considero que el presupuesto de la seguridad ciudadana no puede estar a la deriva de la voluntad política de los gobiernos de turno. Por el contrario, propongo crear una política presupuestaria de seguridad que establezca de manera clara e inexorable las pautas de carácter técnico y operativo que definan el presupuesto que cada municipio destinará a la seguridad de los ciudadanos.

Dicha política presupuestaria debe tener un enfoque particular teniendo en cuenta la nueva realidad del país tras el fin del conflicto contra las FARC. Frente a los nuevos desafíos que impone un escenario de posconflicto para los municipios, el Estado colombiano debe reorientar parte del presupuesto destinado a operativos militares de campo y aumentar el de los cuerpos policiales de los municipios. El aumento en el presupuesto debe dirigirse principalmente a inversión en tecnología, sistemas de información y labores de inteligencia que permitan desarticular las redes delincuenciales que amenazan la seguridad de los ciudadanos.

Aumento en el pie de fuerza de la policía e inclusión de la ciudadanía en las estrategias de seguridad

De la mano de una nueva política presupuestaría se debe enfrentar el déficit en el pie de fuerza con el que cuenta la policía actualmente. Por ejemplo, las grandes ciudades del país como Cali y Bogotá presentan un déficit en el número de Policías frente a su número de habitantes.

Mientras que el promedio nacional es de 354 policías por cada cien mil habitantes, ambas ciudades tienen en promedio menos de 300 policías por cada cien mil habitantes (Bogotá 238 policías por cada cien mil habitantes y Cali 279 policías por cada cien mil habitantes, lo que contrasta con el pie de fuerza en ciudades como Bucaramanga, Tunja y Popayán que tienen más de 600 policías por cada cien mil habitantes,).

Esta limitación de personal de la fuerza pública constituye una amenaza para la seguridad de los ciudadanos, más aún si se tiene en cuenta que son los municipios quienes acogerán a los desmovilizados que han entregado las armas. Por ende, mi posición al respecto es que el Estado debe llevar a cabo un aumento en el número de Policías que vela por la seguridad de los ciudadanos.

La participación de la comunidad es igual o más importante que los elementos ya mencionados. El mejoramiento de la seguridad ciudadana requiere de manera imprescindible la eficiente coordinación entre la Policía y la comunidad.

La seguridad no depende únicamente de la Policía y de los recursos con los que ésta cuenta, por eso el Estado debe incentivar la participación y organización ciudadana en materia de seguridad. Para tal fin, mi propuesta es la creación de una política de Estado para la creación de espacios públicos en donde la ciudadanía pueda participar de manera activa, en conjunto con la Policía y demás instituciones estatales, en la creación de estrategias de seguridad de los municipios.

Revisión del sistema judicial y la política criminal

El principal problema en materia de seguridad está relacionado con las deficiencias del Sistema judicial que generan la percepción de que el crimen y la delincuencia sí pagan. Datos de la Fiscalía General informan que para el 2016, 2 de cada 10 asesinatos en Colombia terminan en una condena frente a 10 a 1 en el 2013; y estudios de Planeación Nacional indican que el 15,5% de los presos en Colombia son reincidentes.

En gran medida, esto se debe a que las condenas y sanciones aplicadas por el sistema judicial no son lo suficientemente ejemplares como para disuadir a los ciudadanos de incurrir en delitos. De especial importancia son los delitos menores de los que son víctimas a diario los ciudadanos, en particular, los delitos contra el patrimonio económico como el hurto. Por ejemplo, entre enero y mayo de 2017, en municipios del Valle como Palmira, Yumbo y Candelaria hubo un aumento en el número de hurtos comparado con el mismo periodo del año anterior del 20,7%, 21,5% y 6,1% respectivamente.

Frente a esta problemática el Estado debe tomar medidas más fuertes entre las que propongo: hacer una reevaluación del Código Penal que incluya un endurecimiento de las penas para los delitos menores que más afectan la seguridad de los ciudadanos en su vida cotidiana. Por otra parte, se debe presentar un proyecto de ley que establezca condenas de mayor duración para las personas que sean reincidentes en la ejecución y participación en delitos.

Pero no solo las condenas laxas afectan la seguridad de los ciudadanos; uno de los principales problemas que señalan los ciudadanos con relación al sistema judicial es el bajo nivel de respuesta que tiene frente a las denuncias. Una encuesta conjunta del DANE y el DNP reveló que seis de cada diez colombianos que acuden a la justicia se declararon insatisfechos; aunque no todos los encuestados tenían casos relacionados con denuncias por problemas de seguridad, si es alarmante que el 1,7% de los entrevistados afirmaron que ante una necesidad jurídica acudieron a la violencia física o verbal o a actores armados ilegales, ese porcentaje representa a 57.800 personas. Así pues, la falta de eficiencia del sistema no solo produce desconfianza entre los ciudadanos, sino que también es una fuente de violencia.

Generalmente, se dice que los problemas de la Rama Judicial se deben al déficit del presupuesto que se le destina. No obstante, la poca eficiencia del sistema judicial no solo se debe a la falta de recursos sino también a la complejidad de sus procedimientos. Por ende, se debe liderar una evaluación de los mecanismos procesales del sistema judicial, de manera que haya una mayor agilidad y nivel de respuesta frente a los delitos, con el objetivo de mejorar la percepción de seguridad y fomentar la denuncia entre los ciudadanos.

Soluciones para enfrentar el problema carcelario del país

El otro problema que actualmente amenaza la seguridad ciudadana es la masiva excarcelación de presos y la no reclusión de personas que han cometido delitos, producto de la crisis carcelaria que afronta el país. En la actualidad, Colombia cuenta con 137 centros de reclusión con una población de más de 118.000 reclusos pese a que su capacidad es inferior a 78.000 reclusos; la tasa de hacinamiento en las cárceles colombianas es del 52%, teniendo casos dramáticos como el de la cárcel de Riohacha en donde la tasa de hacinamiento es casi del 400%. Frente a esta situación, desde el año 2.000 el Estado colombiano ha venido implementando un marco de política pública para enfrentar los retos del modelo penitenciario, principalmente a través de la ampliación de la oferta penitenciaria. No obstante, estas políticas han resultado insuficientes, a tal punto que el Gobierno Nacional ha tenido que impulsar una ley de racionalización carcelaria que supone la liberación de hasta 11.000 presos, lo que sin duda puede causar un aumento en los niveles de delincuencia e inseguridad en los municipios.

Una política de seguridad ciudadana debe tener objetivos a corto, mediano y largo plazo. Si bien es cierto que a largo plazo se debe apuntar a estrategias menos punitivas, a corto plazo la posibilidad de que presos condenados por delitos graves salgan en libertad o que delincuentes no vayan a prisión por la falta de cupos es preocupante. Debido a que la experiencia indica que el Gobierno Nacional no cuenta con los recursos para ampliar los cupos y/o construir nuevas cárceles, creo que una solución inmediata es crear un sistema de concesión de cárceles a privados de manera que sean ellos quienes administren efectivamente los centros penitenciarios.

El problema del hacinamiento en las cárceles se ve agravado además por la entrada a las cárceles de personas sin condena pues se calcula que el 36% de los reclusos son sindicados. Esto no solamente tiene efectos sobre los recursos de la nación sino también sobre los derechos de los sindicados. Por tal motivo, propongo la creación de centros de reclusión preventiva para sindicados, excepto en casos donde hayan sido capturados en flagrancia o donde haya previamente una confesión o aceptación de cargos. De igual forma, se deben crear casas de prelibertad cuya función sea la de alivianar el difícil paso de la cárcel a la vida en sociedad para las personas que estén próximas a concluir sus penas. Estos espacios deben tener dos funciones: la búsqueda de empleo para la persona que vaya a salir en libertad, de manera que ésta no vuelva a incurrir en la delincuencia; y el monitoreo de las personas que hayan salido en libertad de manera que se garantice su reintegración a la sociedad.

Violencia de género

Las mujeres son unas de las víctimas más recurrentes en actos delictivos en la sociedad. El número de muertes violentas de mujeres ha aumentado, pasando de 670 en 2015 a 731 en 2016 según Medicina Legal. Por lo que es de vital importancia buscar mecanismos de seguridad para enfrentar la problemática de la violencia de género. Una buena opción es la creación de Centros de Atención Integral a estas víctimas de ese tipo de violencia, donde se brinde un tratamiento integral proporcionando en cada una de sus instalaciones una atención completa, tanto policial, jurídica, psicológica y médica.

La violencia afecta de forma directa el tejido social, el desarrollo humano, la vida y la integridad física de las personas. Por lo tanto, la seguridad es trascendental en la sociedad, porque es uno de los principales elementos para generar bienestar y desarrollo; garantiza la protección y la salvaguarda del derecho a la vida y la integridad personal, como uno de los ejes de las sociedades modernas y promueve la práctica de valores y principios.

El tema de la seguridad ciudadana es complejo y su manejo representa un reto para nuestra sociedad. No obstante, propuestas como las planteadas anteriormente, permitirán al Estado establecer avances a corto y mediano plazo que favorezcan la calidad de vida de los ciudadanos y legitimen el respeto a la vida por sobre todas las cosas.

Mi postura frente a diversas problemáticas sociales podrán encontrarlas en mi página web www.carlosmartineznoguera.com