PRINCIPALES EJES
SEGURIDAD
Los Colombianos viven con miedo, están intranquilos en sus hogares y en los lugares públicos.
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POLÍTICA CARCELARIA Y SISTEMA JUDICIAL
La tasa de sobrecupo de las cárceles colombianas es alarmante.
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sobrecupo en las cárceles del país
150% y 400%
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El problema de la crisis carcelaria ha llevado a que el gobierno nacional impulse una ley de racionalización carcelaria que supone la liberación de hasta 11.000 presos,
Liberación de
11.000 presos
lo que puede causar un aumento en los niveles de delincuencia e inseguridad en los municipios.
Una política de seguridad ciudadana debe tener objetivos a corto, mediano y largo plazo. Si bien es cierto que a largo plazo se debe apuntar a estrategias menos punitivas, a corto plazo, la posibilidad de que presos condenados por delitos graves salgan en libertad o que delincuentes no vayan a prisión por la falta de cupos es preocupante. Debido a que el gobierno nacional no cuenta con los recursos para ampliar los cupos y/o construir nuevas cárceles,
se debe crear un sistema de concesión de cárceles privados de manera que sean ellos quienes administren efectivamente los centros penitenciarios.
Crear un sistema de concesión de cárceles a privados.
Centros de reclusión alternativa para sindicados y Centro de pre-libertad para personas encarceladas.
Endurecimiento de penas para delitos de menor impacto que atenten contra el patrimonio de los ciudadanos.
Evaluación de la eficiencia del sistema judicial y mejoramiento de su capacidad de respuesta.
PRESUPUESTO DE SEGURIDAD.
Programación e institucionalización presupuestaria de la seguridad ciudadana.
Aumento de presupuesto para Policía con enfoque en tecnología e inteligencia.
POLICÍA Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.
Incentivar participación y organización ciudadana.
Aumento de fuerza de policía.
VIOLENCIA DE GÉNERO.
Creación de Centros de Atención Integral para la violencia de género.
Uno de los principales problemas dentro de la crisis carcelaria que enfrenta el país es el hacinamiento en las cárceles. Este problema se ve agravado por la entrada a las cárceles de personas sin condena; se calcula que el 36% de los reclusos son sindicados.
36% de los
reclusos
son sindicados.
Esto no solamente tiene efectos sobre los recursos de la nación sino también sobre los derechos de los sindicados. Por tal motivo, es necesario la creación de centros de reclusión preventiva para sindicados, excepto en casos donde hayan sido capturados en flagrancia o donde haya previamente una confesión o aceptación de cargos. De igual forma,
se deben crear casas de prelibertad cuya función sea la de alivianar el difícil paso de la cárcel a la vida en sociedad para las personas que estén próximas a concluir sus penas.
Estudios de Planeación Nacional indican que el 15,5% de los presos en Colombia son reincidentes. En gran medida, esto se debe a que las condenas y sanciones aplicadas por el sistema judicial no son lo suficientemente ejemplares como para disuadir a los ciudadanos de incurrir en delitos.
De especial importancia son los delitos menores de los que son víctimas a diario los ciudadanos, en particular, los delitos menores como el hurto. Frente a esta problemática
se requiere entonces un endurecimiento de las penas para los delitos menores que más afectan la seguridad de los ciudadanos en los municipios.
Uno de los principales problemas que señalan los ciudadanos con relación al sistema judicial es el bajo nivel de respuesta que tiene frente a las denuncias. Generalmente, se dice que este problema se debe al déficit del presupuesto que se destina a la rama judicial. No obstante, la falta de eficiencia del sistema judicial no solo se debe a la falta de recursos sino también a la complejidad de sus procedimientos. Por ende,
es necesario una evaluación de los mecanismos procesales del sistema judicial, de manera que haya una mayor agilidad y nivel de respuesta frente a los delitos, con el objetivo de mejorar la percepción de seguridad y fomentar la denuncia entre los ciudadanos.
El presupuesto de la seguridad ciudadana no puede estar a la deriva de la voluntad política de los gobiernos de turno. Se debe
crear una política presupuestaria de seguridad que establezca de manera clara e inexorable las pautas de carácter técnico y operativo
que definan el presupuesto que cada municipio destinará a la seguridad de los ciudadanos.
Con la conclusión de la guerra contra las Farc,
el estado colombiano debe reducir el presupuesto destinado a las Fuerzas Militares y aumentar el de los cuerpos policiales de los municipios.
El aumento en el presupuesto debe dirigirse principalmente a inversión en tecnología, sistemas de información y labores de inteligencia que permitan desarticular las redes delincuenciales que amenazan la seguridad de los ciudadanos.
El mejoramiento de la seguridad ciudadana requiere de manera imprescindible la eficiente coordinación entre la policía y la comunidad.
Se debe crear una política de estado para la creación de espacios públicos en donde la ciudadanía pueda participar de manera activa,
en conjunto con las policía y demás instituciones estatales, en la creación de estrategias de seguridad de los municipios.
Frente a los nuevos desafíos que impone un escenario de posconflicto en el país, los municipios deben aumentar el número de policías que velen por la seguridad de los ciudadanos y aumentar su capacidad y recursos de inteligencia.
Las mujeres son unas de las víctimas más recurrentes de la inseguridad ciudadana. Es de vital importancia buscar mecanismos de seguridad para enfrentar la problemática de la violencia de género. Una buena opción es la
creación de centros de atención integral de la violencia de género.
Estas instituciones brindarán un tratamiento integral a las víctimas de esta situación, proporcionando en cada una de sus instalaciones una atención completa, tanto policial, jurídica, sicológica y médica.